EL INFORME RATTENBACH (resumen)

EL INFORME RATTENBACH.-


El 2 de diciembre de 1982, la Junta Militar que todavía gobernaba nuestro país, resolvió crear una Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur. Su objetivo era sentar las bases para juzgar las responsabilidades de quienes habían tomado la decisión de ir a la guerra el 2 de abril de 1982 y de planificar y conducir el desarrollo del conflicto, tanto en el aspecto político como en el específicamente militar.
Para cumplir con su cometido, esta comisión pidió informes a los organismos respectivos y recibió declaración a todas las personas que consideró necesario para conocer los hechos que investigara.
Estaba formada por seis oficiales de alto rango, dos por cada fuerza armada, y presidida por el más antiguo de ellos, el teniente general Benjamín Rattenbach.
Esta comisión elaboró un informe que sirvió de base para el juicio que realizara el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, (que es el máximo tribunal de justicia militar) y que dictara las condenas para los tres ex comandantes y para el ex gobernador de las islas.
El informe hizo un análisis de los antecedentes históricos, y en particular de las negociaciones diplomáticas llevadas a cabo hasta el 2 de abril de 1982, haciendo referencia a las resoluciones de las Naciones Unidas y a los convenios celebrados con el Reino Unido a lo largo de la historia.
También analizó, las gestiones de los diversos diplomáticos que tuvieron a su cargo negociar con Gran Bretaña la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas, hasta llegar a la designación de Nicanor Costa Méndez como Ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar conducida por Galtieri, evaluando en particular su actuación durante la guerra.
Analiza el plan que llevó a la Junta a tomar la decisión de recuperar las Malvinas y cuáles fueron luego las decisiones que se tomaron para enfrentar los acontecimientos que se sucedieron. Se evaluó el accionar de las fuerzas propias, se analizaron las causas de la derrota, y finalmente determinó las responsabilidades en los niveles político, estratégico militar y estratégico operacional; sugiriendo el encuadramiento jurídico que debía aplicarse a las conductas de los responsables y puntualizando las experiencias y enseñanzas que dejó el conflicto.

Las negociaciones hasta el 2 de abril de 1982.-

Las negociaciones con Gran Bretaña por el diferendo de las Islas Malvinas tomaron una orientación favorable a partir de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas dictada en el año 1965. En ella, se reconocía la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña, urgiéndose a ésta última a poner fin a dicha situación que se calificaba como "colonial".
El 14 de agosto de 1968, en un "memorandum de entendimiento", el gobierno británico aceptó que estaría preparado para ceder la soberanía de las islas bajo la condición esencial de que los "intereses" de los isleños sean respetados. Este memorandum fue rechazado por los isleños y tuvo una dura crítica por parte del Parlamento y la prensa inglesas. En lo sucesivo, el gobierno inglés abandonó esta postura y puso el acento en los convenios para la explotación económica del mar en la región.
El 1º de julio de 1971 se celebró un convenio relacionado con las comunicaciones y a partir de este convenio, Argentina llevó adelante una política de captación de la voluntad de los isleños. En ese mismo año se inició un servicio aéreo y se construyó una pista de aterrizaje, que posibilitó el establecimiento de un servicio regular a cargo de L.A.D.E. (Líneas Aéreas del Estado).
Además, YPF y Gas del Estado establecieron servicios en las islas y se les ofreció a los kelpers atención médica gratuita en los hospitales del continente y el ingreso de sus hijos a establecimientos educativos.
Algunos observan que el buen entendimiento que surgió en un principio, fue empañado por algunos incidentes con turistas argentinos, que comenzaron a llegar a las islas.
En septiembre de 1980, las gestiones que venían realizando los subsecretarios de Relaciones Exteriores de ambos países, Nicholas Ridley y el Comodoro Cavándoli, llegaron a un acuerdo en los siguientes puntos:
-Gran Bretaña aceptaba transferir la soberanía sobre las Islas Malvinas a nuestro país. La titularidad se haría efectiva de inmediato, pero a fin de garantizar el modo de vida de los isleños, sus instituciones, sus leyes y sus prácticas, se realizaría una administración británica combinada, asegurada mediante un arriendo al Reino Unido por un período de 99 años. Ambas banderas flamearían juntas en los edificios públicos.
Argentina se haría cargo de las obras públicas, el servicio de atención médica, el aeropuerto, y otras cuestiones de servicios públicos y Gran Bretaña evacuaría a los Royal Marines.
Luego de un viaje de Ridley a las Malvinas y de presentar el informe en la Cámara de los Comunes, recibió un rechazo generalizado de la opinión pública británica y gran hostilidad por parte de los isleños. Esto se tradujo en una propuesta del Reino Unido de "congelar" las negociaciones por diez años.
Al hacerse cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nicanor Costa Méndez y alertado ya en la segunda quincena de febrero de 1982 acerca de la posibilidad de una recuperación de las islas en forma militar, el 2 de marzo el canciller emitió un comunicado que decía que después de haber negociado con Gran Bretaña durante varios años, sin resultados positivos, la Argentina mantiene el derecho "de elegir libremente el procedimiento que mejor consulte a sus intereses" para resolver la cuestión.
Este comunicado motivó una protesta de la embajada británica y para algunos, alertó a los ingleses respecto de los planes que se estaban preparando.
La última resolución importante al respecto es la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el 3 de abril de 1982 se votó una moción presentada por Gran Bretaña que exigía: el inmediato cese de las hostilidades; el inmediato retiro de todas las tropas argentinas de las islas; y exhortaba a ambos gobiernos a hallar una solución diplomática a sus diferencias.
Aquí el informe destaca que ya existen elementos como para advertir un deficiente asesoramiento de parte de Costa Méndez respecto de puntos cruciales en lo que hace a las relaciones internacionales de nuestro país. Al momento de decidirse la recuperación el canciller no podía desconocer y debió asesorar al respecto teniendo en cuenta este panorama internacional:
-en numerosos países, y en particular en los países europeos, existía un rechazo generalizado hacia el gobierno argentino por las constantes violaciones a los derechos humanos.
-en los países del tercer mundo tampoco era bien visto nuestro gobierno por la presencia de tropas argentinas en Centroamérica.
-a principios de marzo de 1982, Costa Méndez había declarado públicamente que no pertenecíamos al tercer mundo.
-desde el 1º de abril se sabía fehacientemente que EEUU apoyaría a Gran Bretaña en caso de desatarse un conflicto (Ronald Reagan se lo advirtió telefónicamente a Galtieri antes de que se produjera el desembarco del 2 de abril).

La planificación a partir del 2 de abril.-

Los documentos elaborados por el Estado Mayor Conjunto en los cuáles se establecía el Plan de Campaña para ejecutar la operación del 2 de abril tenían previsiones que alcanzaban exclusivamente hasta la ocupación del archipiélago y una primera y débil resistencia de él. Una vez completada la toma de las islas, la Junta se vio sorprendida por tres hechos no previstos: la resolución 502 de las Naciones Unidas, la reacción del Reino Unido enviando una poderosa fuerza de tareas, y las facilidades otorgadas por Estados Unidos a Gran Bretaña, en particular la utilización de la base de la isla Ascensión.
Además, la reacción popular que se produjo en todo el país le hizo sentir al gobierno un fuerte respaldo a sus acciones, lo cual indujo al Presidente a manifestaciones de compromiso con el pueblo que le restó margen de negociación y dejar de lado el objetivo inicial que era "ocupar para negociar".
El 6 de abril recién en una reunión del Comité Militar, el general García expuso sobre las previsiones que deberían tomarse para la defensa de las islas.
El informe establece que la Junta Militar realizó un planeamiento defectuoso al no contemplar la posible reacción británica. Ante el requerimiento de la Comisión las principales autoridades militares y civiles coinciden en manifestar que una reacción de Gran Bretaña fue considerada poco menos que imposible.
No existía un plan para la defensa de las islas en caso de que el Reino Unido decidiera recuperarlas por la fuerza. El "Plan esquemático del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur" fue emitido el día 12 de abril. En consecuencia se puede decir que Gran Bretaña inició la recuperación de las islas antes de que Argentina hubiera previsto cómo defenderlas.
Concluye que el procedimiento adoptado por la Junta Militar para preparar la Nación para la guerra contradijo las más elementales normas de planificación vigentes en las Fuerzas Armadas. Ello motivó que se cometieran errores fundamentales que podrían haber hecho cambiar el curso de la guerra y haberse podido lograr el objetivo político que se perseguía, de otra forma.
Luego del 2 de abril su pudo apreciar que la reacción popular fue la de acompañar sin retaceos la decisión de la Junta, mientras los medios de comunicación, con su efecto multiplicador, contribuyeron a una pérdida generalizada de la objetividad.
Los países de la Comunidad Económica Europea condenaron por unanimidad la intervención armada, el mismo día en que se produjo. Los gobiernos de los diez países que en ese momento la conformaban, aplicaron, a requerimiento de Gran Bretaña, un embargo completo sobre la exportación de armamentos con destino a Argentina, y desde el 14 de abril hasta el 17 de mayo establecieron una prohibición a las importaciones argentinas.
El 7 de abril asumió el General Menéndez como gobernador de las islas, esta designación no fue conveniente por cuanto contradecía el objetivo original que era "ocupar para negociar", reflejando la intención de mantenerse en las islas definitivamente. Por otra parte, debió designarse a un civil, que hubiera sido mejor visto por la comunidad internacional.
Ese mismo día, llegó al país el general Haig, enviado por el gobierno de EEUU para una gestión de "asistencia" a los dos países, en busca de una solución pacífica. La idea que expresara Haig se resumía en los siguientes puntos: detener la flota británica, evacuar las tropas argentinas y lograr establecer una administración transitoria en las islas.
En una de las tantas conversaciones que Haig mantuviera con Costa Méndez le dijo: "nuestros hijos nos preguntarán cómo es que se ha derramado sangre por estas islas, rocas y mil pastores que podrían desaparecer, que podrían marcharse en nueve meses".
Mientras tanto las expresiones públicas tanto de Galtieri como de Costa Méndez exacerbaban un patriotismo equivocado: el 10 de abril, frente a una multitud en Plaza de Mayo Galtieri dijo: "si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla". Y el 17 de abril, al iniciarse la reunión de la OEA, Costa Méndez expresó: "la bandera argentina, bandera americana, no será arriada mientras corra una gota de sangre por las venas del último soldado argentino que defiende las Islas Malvinas".
Demás está decir, que estas expresiones no contribuían a encontrar una solución negociada del conflicto.
El 17 de mayo, el embajador británico ante las Naciones Unidas, le hizo entrega al Secretario General de la propuesta británica para la solución del conflicto. En síntesis esta propuesta pretendía excluir a las Georgias y a las Sandwich del sur de la negociación; se hacía referencia a los territorios "no autónomos" (pretendiendo incluir la decisión de los isleños); propugnaba la vuelta al convenio de comunicaciones de 1971 y que las negociaciones, sin prejuzgar el resultado al que debían arribar, terminarían definitivamente el 31 de diciembre de 1982. Fijaba durante este período interino la instalación de un gobierno provisorio con la participación de los Cascos Azules de la ONU y de fuerzas militares de Estados Unidos para vigilar el área.
La respuesta argentina se envió al día siguiente al Secretario General y en lo más importante, extendía el plazo de negociación hasta el 30 de junio de 1983, pero no admitía que se excluya de la negociación a las Georgias y a las Sandwich, consideraba inaceptable la inclusión de la opinión de los kelpers, y expresaba que no quedaba claro el alcance de la intervención de las Naciones Unidas en la administración de las islas.

Evaluación y análisis crítico del accionar de las fuerzas propias.-

El Informe Rattenbach realizó esta evaluación para luego atribuir las responsabilidades que les cabían a cada miembro de las fuerzas armadas que tuviera responsabilidad en lo actuado, desde los comandantes en jefe hacia abajo.
Respecto del Comandante en Jefe del Ejército dijo que inició las hostilidades enfrentando una hipótesis de guerra inédita cuando el Ejército Argentino no se hallaba debidamente adiestrado ni capacitado para sostener un conflicto bélico de la magnitud y características del que se llevó a cabo y contra un enemigo con experiencia y un pode militar superior. La mayor parte de la clase 1962 había sido dada de baja, mientras la clase 1963 apenas había completado su incorporación, pero no su instrucción básica. Ello fue motivo de que numerosos soldados hayan sido enviados al Teatro de Operaciones Malvinas sin haber completado la instrucción elemental de tiro y combate.
Tampoco resultó acertada la elección de las unidades enviadas a las islas, con excepción de la Brigada IX, ya que se trataba de tropas no adaptadas ni equipadas para soportar el clima y las condiciones de vida del teatro de operaciones, donde debió hacer frente, en inferiores condiciones, a un enemigo altamente capacitado y equipado.
No previó las necesidades de orden logístico que requeriría el apoyo de estas tropas y convalidó la decisión de no enviar barcos (fundamentado en el bloqueo naval británico) cuando lo lógico habría sido lo contrario por tratarse de la fuerza armada más perjudicada por esta decisión.

El Comandante en Jefe de la Armada convalidó la decisión de retirar los medios navales de superficie a aguas poco profundas, debido a la amenaza de submarinos nucleares enemigos.
Entiende el informe que podrían haberse utilizado algunas unidades aunque sea en forma aislada o limitada. La comprobación de que los medios navales propios no eran empleados ni siquiera en forma restringida para combatir al enemigo, afectó la moral propia.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea es responsable de haber enfrentado esta hipótesis de guerra sin estar en condiciones operacionales de hacerlo.
Se calcula que el 60% de las bombas que hicieron blanco en los barcos británicos, no explotaron debido a que su tren de fuego no estaba preparado para blancos navales ni para la forma de ataque empleada, por otro lado, única posibilidad que permitía lanzar las armas propias con alguna probabilidad de supervivencia ante las modernas armas antiaéreas enemigas.

El Comandante de la Guarnición Militar Malvinas (Menéndez) no confeccionó formalmente, con su estado mayor conjunto un plan de operaciones que estableciera con claridad y precisión las misiones que tendrían cada uno de los componentes de su Comando.
Es responsable también por no acreditar las aptitudes indispensables de carácter, competencia en el mando y espíritu militar que le exigían tan graves circunstancias. No ser tampoco un ejemplo para sus subordinados, a los que no supo imprimir la elevada moral de combate que reclamaba la situación, desvirtuando de esa forma la alta responsabilidad con que la Nación lo había investido y de la cual dependía el logro del objetivo político perseguido.
No informó a su Comandante superior acerca de las alternativas que afectaban significativamente la capacidad de combate de las propias tropas, creando una falsa imagen de fortaleza militar.
Desplegó con excesiva anticipación las tropas bajo su mando en posiciones de combate sin relevos ni lugares de descanso o permanencias alternadas y sujetas a privaciones severas de toda índole, lo que provocó, dado el clima, el terreno y la precariedad de medios de todo orden, un desgaste prematuro de algunas de ellas con numerosas bajas administrativas (así le llama a aquellas producidas por desnutrición, pie de trinchera y enfermedades varias). Todo ello fue causa primordial del bajo desempeño de las fuerzas terrestres propias en el combate.
No adoptó medidas conducentes a disminuir la deficiente alimentación de parte de las tropas. Creó una expectativa respecto de la improbabilidad del enfrentamiento. Adoptó un dispositivo defensivo erróneo en cuanto al probable lugar de desembarco enemigo.

Comandante del componente terrestre (Gral. Oscar Jofré): es responsable de disponer un sistema defensivo rígido y que equivocadamente se sustentaba en considerar que el desembarco enemigo se produciría en la zona norte de Puerto Argentino. Asimismo, persistir en la apreciación equivocada y omitir realizar los reajustes necesarios a fin de volcar la acción principal de la defensa sobre el oeste.

Encuadre jurídico de los responsables.-

Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, Almirante Jorge Isaac Anaya y Brigadier General Basilio Arturo Lami Dozo: sus conductas configuran el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones (art. 45 de la Constitución Nacional) además de las figuras previstas en el Código de Justicia Militar (arts. 737; 740; 747 y 839) fundamentalmente, impericia o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, no prestar el auxilio reclamado por el jefe de una fuerza en peligro y no proveerle los elementos de guerra y abastecimientos necesarios. Solicitó que se los condene a la pena de destitución y muerte por fusilamiento.

Consideró a Nicanor Costa Méndez, responsable de mal desempeño de su cargo, art. 45 de la CN.

Luego solicita sanciones para los siguientes oficiales: Vicealmirante Leopoldo Suárez del Cerro; Vicealmirante Juan J. Lombardo; General de División Osvaldo García; Brigadier Mayor Helmut Weber; General de Brigada Mario Menéndez; General de Brigada Oscar Jofré; General de Brigada Omar Parada; Coronel Juan Mabragaña; Coronel Alejandro Repossi; Teniente Coronel Italo Piaggi; Comodoro Wilson Pedrozo; Capitán de Corbeta Luis Lagos; Teniente de Navío Alfredo Astiz.
No consideró a ninguno incurso en figuras del Código Penal.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, juzgó y condenó en 1986, a Anaya a 14 años de reclusión y destitución; a Galtieri a 12 años de prisión; a Lami Dozo a 8 años de prisión, y a Menéndez a 6 años de prisión. Absolvió a los otros procesados.
Como resultado de la apelación obligatoria ante la Cámara Federal porteña, en 1988 a Galtieri se le ratificó la condena y se le agregó la destitución. A Lami Dozo se le incrementó en cuatro años la pena y a Anaya se le disminuyó en dos años. Es decir que se unificó la condena a los tres ex comandantes en 12 años de prisión. Y Menéndez que había sido condenado a seis años, fue absuelto.

Menem luego los indultó en octubre de 1989, pese a que estaba pendiente un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.